Una hoja de ruta de 13 medidas urgentes para activar suelo edificable, agilizar el planeamiento urbanístico y hacer frente al déficit estructural de 150.000 viviendas en Cataluña.
Una hoja de ruta de 13 medidas urgentes para activar
suelo edificable, agilizar el planeamiento urbanístico y hacer frente al
déficit estructural de 150.000 viviendas en Cataluña.
El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC)
advierte de que disponer de terrenos calificados como residenciales no es
suficiente si no son realmente viables y urbanísticamente preparados, e insta a
aplicar las propuestas del Documento 17.
El informe evidencia que preparar suelo para vivienda puede
requerir entre 6 y 10 años y que la redacción de los planes de ordenación
urbanística municipal (POUM) en Cataluña tiene una duración media de unos ocho
años.
La propuesta exige un cambio de fondo para tratar el suelo
como una infraestructura previa y necesaria, simplificando la burocracia,
creando un registro único y reforzando la colaboración público-privada.
El pasado martes 10 de noviembre de 2026 se presentó a la
prensa el informe estratégico «El suelo como infraestructura: consideraciones y
propuestas para corregir y agilizar la edificación de vivienda», el documento
número 17 del CAdIC. El estudio aborda uno de los retos socioeconómicos más
grandes del país desde la óptica de las infraestructuras, señalando que la
disponibilidad de suelo viable es la clave para resolver la emergencia
habitacional.
Magnífica acogida en los medios de comunicación
Desde su presentación oficial el martes 10 de noviembre, el
informe ha tenido una gran repercusión y ha sido recogido por diversos medios
de comunicación y publicaciones especializadas que se han hecho eco de las
propuestas del CAdIC:
La Vanguardia, VIA Empresa, Construnews, VilaWeb
La urgencia del cambio: Datos del déficit y del bloqueo
administrativo
Los datos recogidos en el informe constatan la distancia
profunda entre las necesidades reales y la producción efectiva de vivienda en
Cataluña, donde se arrastra un déficit estructural estimado en torno a las
150.000 unidades (sin contar las proyecciones de nuevos hogares futuros). Entre
2013 y 2024, en Cataluña se acabaron una media de 1,02 viviendas libres por
cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de España (1,32). En cuanto a la
vivienda protegida, la media anual cayó drásticamente de 4.987 viviendas
(2004-2013) a 1.196 (2014-2023).
Se subrayó que el problema no es solo normativo sino de
hacer efectivas las políticas: la acumulación de regulación sin evaluar su
impacto real ni dotarla de recursos ha generado un cuello de botella. Como
ejemplo ilustrativo, la reserva del 30% de vivienda protegida en Barcelona
preveía generar 334 pisos asequibles al año, pero entre 2019 y 2024 solo se
generaron 93 viviendas de protección oficial, de las cuales únicamente 8 se
llegaron a ejecutar. Además, las obligaciones presupuestarias agregadas del Estado
y de la Generalitat destinadas a vivienda entre 2007 y 2022 representaron
aproximadamente el 1%, un contraste evidente con los pilares del Estado del
bienestar.
Las 13 propuestas definitivas del CAdIC
El informe, fruto del análisis experto del Consejo bajo la
coordinación del grupo de trabajo, detalla las trece medidas que la
administración y el sector deben adoptar de manera inmediata:
1. Activación contundente de la oferta: Impulsar una
movilización clara del suelo necesario para diluir el déficit estructural
actual y las necesidades futuras, respetando la dimensión ecológica y del
paisaje.
2. Presupuestos estables vinculados: Aprobar
anualmente partidas presupuestarias para la construcción de vivienda asequible,
haciendo efectivos los planos aprobados para evitar la inacción institucional.
3. Patrimonios públicos y registros de solares:
Constituir los patrimonios públicos de suelo y vivienda y los registros
municipales de solares en Cataluña con apoyo de la Generalitat para
sistematizar las reservas según su grado de ejecución.
4. Registro
unificado y ordenanzas tipo: Implementar registros municipales predictibles
mediante ordenanzas tipo y la formación técnica sobre el cumplimiento de la
función social de la propiedad.
5. Registro único de suelo en la Generalitat: Crear
de manera inmediata un registro único de suelos sujetos a transformación
urbanística que aporte transparencia, datos de factibilidad y seguridad
jurídica a los inversores.
6. Priorización territorial y simplificación:
Acelerar el planeamiento urbanístico reduciendo el sistema actual de tres
aprobaciones a dos (inicial y definitiva) y fijando un plazo máximo de
respuesta de 3 meses para los informes sectoriales con silencio positivo
(excepto dominio público).
7. Reactivación del PAUM: Poner en valor el Programa
de Actuación Urbanística Municipal como instrumento de planificación a seis
años para concertar necesidades de suelo y vivienda entre ayuntamientos y
Generalitat.
8. Planes directores urbanísticos (PDU): Revisar por
parte de la Generalitat aquellos suelos susceptibles de priorización mediante
PDU de escala territorial y de país con vocación ejecutiva.
9. Reversión de usos no materializados: Plantear
suelos ya aptos para edificar que cuentan con otros usos previstos no
ejecutados para que puedan revertirse y destinarse a vivienda pública.
10. Potencial de la ciudad consolidada: Analizar la
capacidad constructiva remanente (actuaciones de dotación, transferencia de
techo, densificación y remudas/soreescalados) para dar respuesta más allá de la
extensión.
11. Planeamiento finalista en suelo urbano: Definir
tipologías de planeamiento finalista en la ciudad construida para cubrir los
supuestos donde la rehabilitación urbana convencional resulta insuficiente.
12. Colaboración público-privada efectiva: Facilitar que el sector privado participe activamente en la preparación de suelo y promoción, actuando el sector público como facilitador para conjugar celeridad y legalidad.
13. Recursos presupuestarios suficientes: Dotar
presupuestariamente el derecho a la vivienda asequible con el mismo rango de
servicio público de interés general que la sanidad o la educación.
Un enfoque de cooperación y soberanía institucional
El CAdIC concluye que resolver la emergencia exige superar
la fragmentación administrativa y la inacción. Solo mediante una firme
cooperación interadministrativa, respetando la autonomía local pero asumiendo
retos supramunicipales, y con una auténtica colaboración público-privada, será
posible transformar el suelo en una verdadera infraestructura de oportunidades
para la sociedad catalana.
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